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La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto hoy una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, para cubrir futuras responsabilidades civiles y no para eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril.
La fianza a Fernández ha sido notificada hoy a las partes y responde a lapetición hecha por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que fijaron dicha cantidad en 890 millones de euros, según fuentes que se encargan de la investigación.
La fianza es para cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones.
La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de eurosfijada para el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 de marzo.
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