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«Vamos a emprender acciones civiles contra los responsables de Bankia y no descartamos penales». Así de contundente se mostró aye Ignacio Aragón, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, bufete que defiende a la asociación española de accionistas minoritarios Aemec, entidad que agrupa a los pequeños socios que se unieron al proyecto, liderado por Rodrigo Rato, y que un año después de su creación ha necesitado la inyección de 23.000 millones de euros de dinero público.
Primero, han decidido solicitar al Banco de España los informes realizados previa fusión de Cajas, para comprobar que fueron negativos y que la autorización de esta operación fue una decisión política, tal y como relata Aragón. Y, paralelamente, preparan las acciones judiciales.
UNA ENTIDAD, ¿RESPONSABLE?
Pero, ¿qué responsabilidad jurídica podrían tener los gestores ante el descalabro de una entidad a la deriva? Para Alejandro Falcón, abogado y administrador concursal, «si de la gestión del consejo de administración se demuestra que no reflejaban cuál era la situación real de la entidad a través de las cuentas que iban presentando y si se confirma que se incrementó el pasivo de dicha entidad asumiendo créditos a sabiendas de que no se podían atender, estarían incurriendo en un supuesto de responsabilidad directa sancionada tanto civil como penalmente».
Así, se les podría hacer responsables «del quebranto patrimonial generado como consecuencia de su actuación negligente, por lo que responderían personalmente con su patrimonio», además de una inhabilitación de hasta 15 años. Pero si se demuestra que los gestores falsearon las cuentas podrían sufrir una pena de prisión de uno a tres años y de hasta seis si hay un delito de estafa.
De ser así, los gestores de la entidad no serían los primeros en asumir penas de prisión en España. De hecho, el Supremo condenó a 20 años de cárcel en 2002 a Mario Conde, por un agujero en Banesto de casi 3.000 millones de euros. Recientemente, Islandia ha ido más allá y por la mera gestión negligente de los bancos y su responsabilidad en la crisis del país ha sentado en el banquillo a una docena de banqueros, llegando a emitir una orden de búsqueda a través de la Interpol para el expresidente de una entidad financiera.